Análisis de los medios sociales

Identificación de sospechosos y testigos

Analizamos el uso por parte de los terroristas de las plataformas de medios sociales, a fin de mejorar la eficacia de las labores de identificación y detección en las investigaciones nacionales de lucha contra el terrorismo.

Por ejemplo, buscamos plataformas de medios sociales para identificar a posibles testigos, como sucedió tras los atentados perpetrados en 2017 en el Puente de Londres (Reino Unido) y en enero de 2019 en un complejo hotelero de Nairobi (Kenia).

Asimismo estudiamos cómo utilizar la tecnología de reconocimiento facial para ayudar a los países miembros en sus investigaciones. Esta tecnología ofrece nuevas oportunidades para intercambiar y comparar datos con miras a identificar a terroristas, personas de interés desconocidas y personas que pueden aparecer en publicaciones en medios sociales.

Formación y recursos en el ámbito de la investigación

En el marco de nuestro primer proyecto conjunto con el Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (CNUCT), hemos organizado talleres para investigadores centrados en cuatro ámbitos principales:

• detección de actividades en línea relacionadas con el terrorismo;
• recopilación de registros electrónicos;
• solicitud de pruebas electrónicas a nivel internacional mediante la cooperación directa entre servicios policiales;
• colaboración con el sector privado a fin de hacer progresar las investigaciones que llevan a cabo las fuerzas del orden.

Los talleres (celebrados en 2018 y 2019) sirvieron también para transmitir a los participantes, de forma más general, una mejor imagen operativa del fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros.

Como complemento de los talleres, INTERPOL y el CNUCT publicaron conjuntamente un manual titulado “Uso de Internet y de los medios sociales en investigaciones de lucha contra el terrorismo”, que ofrece a los investigadores una orientación práctica sobre la mejor manera de obtener pistas para las investigaciones en línea y recopilar y preservar registros electrónicos, a menudo a escala internacional, para contribuir al éxito de las investigaciones y los enjuiciamientos penales.

Este proyecto fue financiado por los gobiernos de Japón, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.