Lyon (Francia) - Desde la aparición del brote de COVID-19, los organismos encargados de la aplicación de la ley han desempeñado un papel fundamental para ayudar a controlar la enfermedad y además hacer frente a las actividades delictivas que aprovechan la coyuntura de la pandemia.
INTERPOL ha actualizado sus directrices sobre la base de la experiencia adquirida y las buenas prácticas aplicadas en todo el mundo para ayudar a los organismos encargados de la aplicación de la ley a identificar y combatir los delitos que se han intensificado por causa de la COVID-19, como la violencia doméstica, el abusos de menores y la ciberdelincuencia.
La pandemia ha abierto una nueva posibilidad lucrativa para los delincuentes, quienes sacan provecho de la alta demanda de productos de protección individual para obtener dinero rápido.
Las operaciones coordinadas por INTERPOL contra la venta ilícita de medicamentos en Internet, como Pangea XIII y Qanoon, han puesto de manifiesto que el peligroso tráfico de productos médicos relacionados con la COVID-19 es una tendencia persistente.
Vacunas auténticas: en el punto de mira de los delincuentes
Además, cada vez queda menos para que las vacunas auténticas estén listas, con lo que se espera también que las redes delictivas centren sus ataques en los centros de almacenamiento y distribución. Así pues, las directrices actualizadas destacan la necesidad de garantizar la seguridad del almacenamiento y la entrega de suministros.
“Por eso debemos imperativamente actuar desde ahora, para proteger la cadena de suministro auténtica para cuando la vacuna esté lista y para evitar la producción y distribución de vacunas contra la COVID-19 falsas”.
El Secretario General concluyó que “a medida que el panorama mundial de la COVID-19 va avanzando, también debe evolucionar la respuesta de los organismos encargados de la aplicación de la ley; estas directrices ofrecen unas pautas de referencia útiles para los funcionarios de primera línea sobre cómo protegerse a sí mismos y a las comunidades a las que sirven”.
Estas directrices incluyen igualmente recomendaciones relativas al contagio deliberado de la enfermedad, el mantenimiento del orden público, las estafas y el blanqueo de capitales, y deben tenerse en cuenta respetando las normas sobre derechos humanos aplicables, la legislación de cada país y las buenas prácticas policiales, y en coordinación con las autoridades sanitarias nacionales.
Se trata del último de una serie de documentos publicados por INTERPOL para ayudar a las fuerzas del orden a combatir los delitos relacionados con la COVID-19, y contiene estudios sobre el tráfico de migrantes y la trata de personas, la ciberdelincuencia y el abuso sexual de menores.
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