Lyon (Francia) – El agotamiento de las reservas pesqueras está teniendo unos efectos perjudiciales sobre la biodiversidad y la cadena alimentaria en todo el mundo. Los equipos de INTERPOL de seguridad medioambiental y marítima —que durante cinco meses (de junio a octubre de 2021) coordinaron en todos los océanos una operación basada en información policial que contó con la participación de 34 países— afirman que la disminución de los recursos marinos vivos también está provocando un aumento de los delitos relacionados con el sector pesquero.
En el mes en el que tuvo lugar la fase táctica de la operación IKATERE se llevaron a cabo 1 710 inspecciones en total, que permitieron descubrir más de 100 casos de delitos pesqueros y de otra naturaleza. Asimismo, ya se han dictado más de 40 órdenes de detención, mientras que numerosas investigaciones siguen abiertas.
En todo el mundo se incautó casi una tonelada de productos ilícitos, entre los que se encontraron especies protegidas de peces y otra fauna y flora silvestres, estupefacientes y explosivos. Solo las fuerzas del orden de Montenegro recuperaron más de 20 bombonas con explosivos en el transcurso de la operación.
“Cada vez es más habitual que los agentes sin escrúpulos de este sector utilicen los explosivos como método de pesca ilegal, pues el agotamiento progresivo de las reservas pesqueras obliga a los buques a mantener las cuotas individuales de pesca a cualquier precio”, declaró Ilana De Wild, Directora de INTERPOL de Delincuencia Organizada y Nuevas Tendencias Delictivas.
“El recurso a este método favorece además la circulación de explosivos que pueden ser utilizados por grupos delictivos o terroristas. Se ha descubierto que los fabricantes de las bombas empleadas en los atentados terroristas de los últimos años también están suministrando explosivos al negocio de la pesca ilegal”, añadió De Wild.
Trata de personas y falsedad documental
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una de las principales amenazas a la utilización sostenible de los recursos marinos, que es uno de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas en este sentido. Cada año, esta actividad cuesta miles de millones de dólares a la economía mundial.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se calcula que el 20 % del total de las capturas de todo el mundo procede de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, un porcentaje que se eleva al 40 % en determinadas regiones, como las aguas costeras de algunos países en desarrollo.
Los delincuentes utilizan los buques pesqueros para traficar con drogas y personas porque sus pautas de navegación son erráticas y realizan travesías de larga duración, lo que les permite fundirse en el paisaje marítimo sin levantar sospechas. Las redes delictivas también destinan las ganancias obtenidas con la pesca comercial ilícita a la financiación de otras actividades ilegales.
De igual modo, la trata de personas y la esclavitud moderna son un grave problema del sector pesquero. En la operación IKATERE, las fuerzas del orden de Kenia rescataron en las aguas del lago Victoria a 121 hombres, mujeres y niños víctimas de la trata que viajaban a bordo de naves.
La operación confirmó asimismo la tendencia generalizada a utilizar documentación falsa —como certificados del buque, licencias de pesca o documentos de la tripulación falsos— para ocultar la verdadera naturaleza de las actividades realizadas por los barcos, blanquear las capturas y tapar casos de explotación laboral o trata de personas.
En la operación IKATERE fueron descubiertos más de 70 buques presuntamente vinculados con actividades de pesca ilegal, principalmente por no presentar licencias de pesca válidas para las zonas en las que fueron interceptados realizando esta actividad.
“La única forma de combatir eficazmente el sinfín de delitos relacionados con la pesca ilegal es que el país que revisa la documentación pesquera y el país que supuestamente la ha expedido colaboren oportunamente a escala internacional”, afirmó Stephen Kavanagh, Director Ejecutivo de Servicios Policiales de INTERPOL.
“La amplia participación en la operación IKATERE, en la que también han intervenido países sin salida al mar, como Ruanda, es un ejemplo claro del compromiso mundial con la aplicación de una gestión sostenible de los recursos marinos; de ello depende el sustento de todos nosotros”.
La operación IKATERE contó en todo momento con el apoyo del Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre Delitos Pesqueros, una plataforma internacional dedicada al intercambio de experiencia y conocimientos especializados y al planteamiento de enfoques policiales innovadores en relación con este ámbito delictivo.
El Programa de Seguridad Medioambiental, así como sus actividades para combatir la pesca ilegal, están financiados por la secretaría de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, la organización benéfica PEW Charitable Trusts y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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