WASHINGTON D. C. (Estados Unidos) – Más del 80% de los países consideran que la delincuencia medioambiental es una prioridad nacional, y la mayor parte de ellos afirma que este tipo de actividades delictivas cada vez más modernas y sofisticadas supone una amenaza para la paz y la seguridad.
INTERPOL y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente realizaron una encuesta entre cerca de 70 países para su nuevo informe conjunto sobre las amenazas contra el medio ambiente, la paz y la seguridad (“Environment, Peace and Security – A Convergence of Threats”), presentado hoy en el marco de la Semana sobre el Derecho, la Justicia y el Desarrollo de 2016, que acoge el Banco Mundial en Washington D. C.
El informe se centra en los vínculos existentes entre la delincuencia contra el medio ambiente a escala mundial, que representa un valor de entre 91 y 258 mil millones de dólares estadounidenses al año, y otras actividades delictivas como la delincuencia organizada y el terrorismo.
Más del 60% de los países encuestados afirmaron que están siendo testigos de nuevas formas de delincuencia medioambiental o nuevos modus operandi, que revelan un aumento de la sofisticación y adaptación de los grupos delictivos organizados transnacionales.
Además, el 84% informó de la existencia de vínculos con otros delitos graves, tales como la corrupción (42%), la falsificación (39%), el tráfico de drogas (36%), la ciberdelincuencia (23%) y los delitos financieros (17%).
El Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock, señaló lo siguiente: “La delincuencia medioambiental es un asunto de repercusión internacional y carácter insidioso. Priva a los países de ingresos muy necesarios, a las familias de su sustento y a la comunidad de paz y seguridad. La comunidad internacional debe apoyar la aplicación de un enfoque global con el que convertir las palabras en acciones, la política en práctica y la legislación en su aplicación efectiva”.
El informe constata que algunos grupos armados no estatales, grupos terroristas y redes delictivas financian sus actividades mediante la explotación de los recursos naturales de las zonas de conflicto, lo que representa un grave peligro para la paz y la seguridad. Se estima que al menos el 40% de los conflictos internos están vinculados a los recursos naturales.
“Ha llegado el momento de abordar la amenaza de la delincuencia medioambiental con una respuesta coordinada por parte de los Estados miembros, las organizaciones internacionales y las Naciones Unidas. Dicha respuesta deberá satisfacer una serie de necesidades: la mejora del intercambio de información, el aumento de la protección de la población civil, una aplicación más eficaz de la ley y un conocimiento más profundo de las casusas de los conflictos”, manifestó Erik Solheim, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y jefe del Programa para el Medio Ambiente de la misma organización.
Las actividades delictivas contra el medio ambiente se consideran a veces una alternativa a la pobreza para los sectores de la población con bajos ingresos. Como consecuencia de ello, los grupos delictivos se aprovechan de las necesidades de tales poblaciones, de las que dependen para realizar actividades como la caza furtiva, o la tala, pesca o minería ilegales.
En el informe se recomienda, entre otras, las siguientes medidas: un enfoque multidisciplinario para combatir los delitos contra el medio ambiente; un aumento del intercambio de información entre los diferentes sectores; una mayor concentración en la aplicación de políticas medioambientales; y un refuerzo del apoyo financiero, por ejemplo mediante ayudas públicas al desarrollo.
La publicación del informe se produce después de que la Asamblea General de la ONU aprobara en su 71º periodo de sesiones, celebrado en noviembre, una resolución en la que se hace un llamamiento para incrementar la cooperación entre la ONU e INTERPOL en el ámbito de la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo.