Informe: Los delitos de contaminación son muy rentables, están organizados y dañan el planeta

4 de agosto de 2022
Un nuevo informe de INTERPOL explora los vínculos entre la delincuencia organizada y los delitos de contaminación

A raíz de una serie de operaciones policiales mundiales contra los delitos de contaminación coordinadas por INTERPOL en los últimos años, se llegó a una constatación de primera importancia: es muy probable que la delincuencia organizada transnacional estuviera implicada en varios de estos casos.

No obstante, no quedó lo suficientemente claro cómo y hasta qué punto los grupos de delincuencia organizada participaban en los delitos de contaminación a escala mundial.

En un nuevo informe de INTERPOL se intenta dilucidar esta cuestión examinando en profundidad 27 estudios de casos de delitos de contaminación realizados por las fuerzas del orden de los países miembros de la Organización y comunicados por ellos. Aunque la mayoría de los casos provienen de países europeos, las investigaciones demuestran que el vínculo entre la delincuencia organizada y los delitos de contaminación es un fenómeno mundial, en el que participa una gran diversidad de autores y de estructuras organizativas.

500 millones de dólares

La contaminación ilegal es un delito altamente rentable y de mucha gravedad, con consecuencias devastadoras para la población, el medio ambiente, los negocios legales y el imperio de la ley. En los casos examinados en el informe de INTERPOL, los beneficios producidos por los delitos de contaminación oscilaban entre 0,175 y 58 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un promedio de 19,6 millones de dólares por cada caso.

Se calcula que las ganancias ilícitas obtenidas en el conjunto de los 27 casos de delitos de contaminación estudiados ascienden a 500 millones de dólares estadounidenses. Igual de alarmante es la cifra del coste de la limpieza y la descontaminación de los lugares que han sufrido una contaminación ilegal, que en los casos examinados oscilaron entre 6 y 37 millones de dólares estadounidenses (una media de 15,6 millones por caso).

Para facilitar la comisión de los delitos de contaminación, los autores cometen sistemáticamente toda una serie de falsedades documentales y delitos financieros, como la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. En algunos casos que requieren la complicidad de funcionarios públicos, los delincuentes también recurren al soborno, la extorsión y la estafa.

Las redes transnacionales son a menudo esenciales para la comisión de los delitos de contaminación. En un caso, varios grupos delictivos organizados exportaron ilegalmente del Reino Unido residuos municipales y los vertieron en Polonia, tras declarar fraudulentamente que los depositarían en vertederos legales situados en el Reino Unido, para lo que habían recibido dinero. El vertido ilegal dio lugar a unas 30 o 40 quemas de residuos en Polonia.

En España, una empresa importó neumáticos de desecho desde otros países europeos y, seguidamente, los revendió como neumáticos de segunda mano a distintos países de África, el Caribe y América Latina. Y ello pese a que los neumáticos estaban almacenados de forma inadecuada, en condiciones peligrosas y sin respetar la normativa. La empresa no declaró la importación de los neumáticos para eludir el pago de impuestos, y blanqueó los beneficios obtenidos invirtiéndolos en bienes inmuebles, vehículos, joyas y monedas virtuales.

La realidad de los delitos de contaminación

El informe concluye afirmando que los delitos de contaminación son a menudo fruto de la delincuencia organizada, y se cometen empleando métodos innovadores, adaptables y complejos, pero no siempre se presentan en la forma en que se podría imaginar. En algunos casos participaron grupos mafiosos centralizados o bandas delictivas, pero en la gran mayoría de ellos los sospechosos eran hombres y mujeres de negocios que actuaban amparados por una empresa legítima, o en forma de red de intermediarios independientes.

La mayoría de los negocios transfronterizos se hacen siguiendo esta estructura descentralizada, con cadenas de valor mundiales en las que con frecuencia se subcontratan los servicios en una red de actores económicos predominantemente ‘horizontal’.

Algunas de las empresas legítimas que participan en estas redes pasan a seguir prácticas ilegales y cometen delitos de contaminación para aumentar sus márgenes de beneficios, sin que necesariamente lo sepan las demás empresas con las que trabajan.

Del estudio realizado se desprende que a menudo coexisten distintas formas de delitos de contaminación, que se funden con las actuaciones de las empresas legítimas. Lo cual no hace que estos delitos sean menos organizados, o menos dañinos.

Hacer de la contaminación dolosa un delito de alto riesgo

La mayor parte de los casos estudiados en el informe de INTERPOL son transfronterizos, lo que pone de manifiesto la importancia de la cooperación policial internacional para luchar contra este tipo de delincuencia.

Se dice que los delitos de contaminación son muy lucrativos y suponen un riesgo bajo, entre otras razones porque la labor policial para hacerles frente presenta muchas dificultades y porque hasta la fecha pocos delitos de este tipo se han llevado ante los tribunales. Entre las dificultades que supone para todas las fuerzas del orden se encuentran los escollos en la cooperación entre la policía y los organismos reguladores en materia medioambiental, la inexistencia de una formación especializada, la escasa prioridad de la lucha contra estos delitos en muchos países, y los obstáculos jurídicos cuando el delito de contaminación no se considera un delito determinante, que sea punible en virtud de las leyes contra la delincuencia organizada.

Para superar estos obstáculos, INTERPOL recomienda en su informe prestar más atención a la investigación de los delitos de este tipo, empleando las herramientas y las técnicas que se utilizan contra la delincuencia organizada y financiera. Podría hacerse proporcionando a los investigadores una formación multidisciplinaria, o creando equipos especiales pluriinstitucionales de carácter permanente.

Además, los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley deberían recopilar y analizar sistemáticamente los datos de las empresas y las redes delictivas acusadas de delitos de contaminación con el objeto de llevar a cabo operaciones basadas en inteligencia y dirigidas contra objetivos de gran valor.

El informe estratégico fue posible gracias a los fondos que la agencia noruega de ayuda al desarrollo (Norad) aportó al Programa de INTERPOL de Seguridad Medioambiental, que presta apoyo a los organismos policiales de los 195 países miembros de esta organización policial para prevenir, detectar y frenar los delitos contra el medio amiente, y para desmantelar los grupos delictivos que los sustentan.

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