La iniciativa dirigida por INTERPOL permite la incautación de productos ilegales por valor de más de 200 millones de dólares estadounidenses
Buenos Aires (Argentina) – Una operación organizada en Sudamérica contra el comercio de mercancía pirateada o falsificada se ha saldado con la incautación de más de 11 millones de artículos y 104 detenciones.
Entre agosto y septiembre de 2024, doce países participaron en la operación Crete II, en la que colaboraron para combatir distintas infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Los delitos incluían el comercio ilícito de medicinas y marcas de moda falsificadas, así como la piratería digital. El operativo, coordinado y facilitado por INTERPOL, se centró en productos que representan un peligro para la salud y la seguridad de los consumidores.
El valor estimado de las incautaciones practicadas asciende a 225 millones dólares estadounidenses. Entre los millones de artículos confiscados destacan casi 300 000 productos farmacéuticos, entre los que había medicamentos vendidos estrictamente con receta médica, como vacunas, antidepresivos y precursores químicos que pueden utilizarse para fabricar estupefacientes.
De las 104 detenciones practicadas durante la operación, 35 fueron por transporte ilegal, 47 por infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial, 15 por comercio ilícito de estupefacientes y artículos médicos y 7 por otros delitos.
Imitaciones, falsificaciones y fraude: vínculo con la delincuencia organizada
Durante la operación Crete II, la policía de Brasil desmanteló una organización delictiva que había introducido de contrabando en el país cigarrillos falsificados por un valor de 250 millones de dólares estadounidenses. La investigación reveló que el grupo se había valido de documentación y facturas falsas para transportar la mercancía por carretera capeando las inspecciones. La actuación policial permitió la detención de varios sospechosos y la incautación de activos. Los sospechosos serán juzgados por delitos de falsificación, comercio de productos impropios para el consumo, explotación y blanqueo de capitales, y se exponen a penas que podrían superar los 48 años de prisión.
En Chile, los detectives encargados de la operación descubrieron lugares donde se vendían reproducciones de una marca de joyas españolas muy conocida. La investigación les permitió incautarse de 2 478 joyas de imitación (entre collares, pulseras y anillos), por un valor estimado de 523 000 dólares estadounidenses.
La policía ecuatoriana desmanteló una organización dedicada al tráfico de alcohol falsificado que producía y distribuía imitaciones de whisky de marcas de lujo. El grupo fabricaba el alcohol sin licencia y en condiciones insalubres y, para que pareciera que se trataba de productos auténticos, utilizaba botellas recicladas e imitaba elementos de personalización de marca (como etiquetas, precintos fiscales y códigos QR).
En Paraguay, las fuerzas del orden registraron un almacén clandestino en la zona de la triple frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde descubrieron hormas y planchas usadas para la fabricación de zapatos falsificados. Se incautaron productos por un valor estimado de 750 000 dólares estadounidenses.
El secretario general de INTERPOL, Valdecy Urquiza, declaró:
“La falsificación de productos y la piratería están ligadas intrínsecamente a una maraña de delitos graves, que incluyen la trata de personas, el tráfico de estupefacientes, la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales. Los desalmados grupos de delincuencia organizada que se dedican a estas actividades dan mayor prioridad a las ganancias que a la vida de las personas, lo que hace imperativa una respuesta unificada por nuestra parte para desmantelar sus actividades y proteger a nuestras comunidades”.
Coordinación de la lucha contra las falsificaciones
En esta operación participó la Oficina Regional de INTERPOL para América del Sur, radicada en Buenos Aires (Argentina), que trabajó en estrecha colaboración con el proyecto IP KEY Latin America y la Escuela Internacional de Investigadores de Delitos contra la Propiedad Intelectual en una serie de sesiones de formación y actividades de intercambio de información policial. En una reunión importante participaron más de cien partes interesadas (entre ellos, había policías, agentes de aduanas, fiscales y representantes de empresas del sector privado), lo que facilitó la coordinación a nivel nacional entre las fuerzas de primera línea y fomentó vínculos entre los representantes de las marcas y los organismos públicos de Sudamérica.
Países participantes
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
