raíz de la publicación del “Informe forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia” el jueves 15 de mayo de 2008, se han realizado numerosas declaraciones inexactas que podrían inducir a error sobre las conclusiones de INTERPOL.
La interpretación errónea más reciente de las conclusiones del informe aparece en un boletín de prensa publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador el martes 10 de junio, tras una reunión con funcionarios de la oficina del Representante Especial de INTERPOL ante las Naciones Unidas en Nueva York. Dicho boletín da la falsa impresión de que en la citada reunión con los representantes de INTERPOL se reveló cierta información “nueva”. INTERPOL considera que Ecuador ha malinterpretado las conclusiones fundamentales del informe de INTERPOL así como el contenido de las conversaciones con el personal de INTERPOL.
Por ejemplo, en el boletín de prensa de Ecuador se afirma de manera inexacta que INTERPOL no ha establecido si las ocho pruebas instrumentales decomisadas sometidas a un análisis forense por parte de los especialistas en investigación informática forense de INTERPOL habían sido recuperadas por las autoridades colombianas el 1 de marzo de 2008 en un campamento de las FARC o si pertenecían a Raúl Reyes.
En realidad, durante la elaboración de su informe INTERPOL solicitó y recibió la información y los documentos relacionados con la cadena de custodia de las pruebas instrumentales decomisadas por las autoridades colombianas el 1 de marzo de 2008. Basándose en el estudio de toda la información y el material proporcionados por Colombia, incluido un informe oral confidencial, INTERPOL pudo convencerse, y así lo hizo constar claramente en su informe, de que las pruebas informáticas cuyo análisis forense se le había solicitado fueron decomisadas en el campamento de los terroristas de las FARC el 1 de marzo de 2008 y pertenecían a Raúl Reyes. En estrecha relación con esta conclusión, INTERPOL debía determinar si se había producido alguna manipulación o alteración de los datos contenidos en dichas pruebas informáticas decomisadas.
El informe de INTERPOL indica con claridad que la conclusión global de sus especialistas es que “no se ha creado, modificado o suprimido ningún archivo de usuario en ninguna de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático después de su decomiso a las FARC, practicado el 1 de marzo de 2008” (párrafo 99). Asimismo, en el informe se precisa claramente que tras el detallado y cuidadoso análisis informático forense (exhaustivamente documentado en el texto) los expertos excluyeron la posibilidad de que se hubiesen alterado los archivos de usuario después del 1 de marzo de 2008, incluido el periodo entre el 1 y el 3 de marzo de 2008.
Por consiguiente, la afirmación que aparece en el boletín de prensa publicado por Ecuador respecto a la falta de pruebas que demuestren que no se hayan creado, modificado o eliminado archivos de usuario no tiene fundamento. Es evidente que si no se ha creado, modificado o eliminado ningún archivo de usuario en un ordenador, no habrá pruebas de ello, puesto que no existen. INTERPOL no entiende por qué Ecuador insiste en intentar sugerir que las autoridades de los organismos encargados de la aplicación de la ley colombianos alteraron el contenido de los archivos de usuario contenidos en las pruebas informáticas decomisadas a las FARC una vez que el análisis independiente de INTERPOL ha determinado que no fue así.
Si Ecuador discrepa del contenido de los archivos de usuario, entonces debería reprochárselo a las FARC, puesto que los ordenadores decomisados pertenecían a esa organización. Sin embargo, hasta la fecha, INTERPOL no ha tenido noticia de ninguna declaración de Ecuador en la que denuncie o critique a las FARC en relación con cualquier información de los archivos de usuario contenidos en las pruebas informáticas decomisadas y que supuestamente acusan a Ecuador o a algún funcionario de su Administración.
Asimismo, INTERPOL ha dejado claro que el hecho de validar que los contenidos de las pruebas informáticas no fueron manipulados tras ser decomisadas por las autoridades colombianas no equivale de ninguna forma, modo o manera a decir que el contenido de los archivos de usuario es verdadero y exacto. Por consiguiente, INTERPOL discrepa de todas aquellas personas que pretenden que su informe valida el origen y la exactitud de cualquier documento o archivo de usuario concreto contenido en las pruebas. En el informe de INTERPOL se afirma exactamente lo contrario.
Así pues, los países y personas que han sido objeto de ataques a causa del informe de INTERPOL podrían haber utilizado dicho informe para apoyar sus explicaciones a favor de su inocencia, en lugar de utilizar el argumento falso, débil y ofensivo de que los archivos de usuarios habían sido manipulados o alterados por las autoridades colombianas tras su decomiso. El hecho de que un ordenador contenga un documento que acusa a una persona de una fechoría, o la relaciona con esta, no valida esas afirmaciones. Únicamente un tribunal de justicia o una comisión especialmente designada y con la jurisdicción pertinente puede determinar si esa acusación es cierta, tras haber estudiado todas las pruebas.
En respuesta a la reafirmación de Ecuador en su posición de “no otorgar ninguna validez procesal a la información encontrada en las computadoras”, es necesario dejar claro una vez más que en ningún momento INTERPOL ha sugerido o recomendado que su constatación del hecho de que ninguno de los archivos de usuario había sido alterado fuese legalmente vinculante en ninguno de sus 186 países miembros. Asimismo es necesario subrayar que el informe de INTERPOL no fue elaborado con el fin de presentarlo ante ningún tribunal; dicho informe fue la respuesta a una solicitud de Colombia y fue elaborado con el pleno respaldo de la Organización de Estados Americanos y sin ninguna objeción por parte de ninguno de los países miembros de INTERPOL, incluido Ecuador.
Ecuador, así como cualquiera de los países miembros de INTERPOL, tiene el derecho soberano de aceptar o rechazar total o parcialmente el informe de INTERPOL, pero ninguna autoridad gubernamental debería confundir o informar de manera equívoca a la población sobre las conclusiones de INTERPOL, ya sea para desviar el centro de atención del público o para atacar a una persona o a un país, o bien debido a un malentendido.
Como consta no sólo en el informe sino en otros muchos documentos, el Secretario General se ha ofrecido en repetidas ocasiones a reunirse con Ecuador o con cualquier otro país miembro de INTERPOL en el que hayan surgido inquietudes o preguntas sobre la naturaleza de la ayuda forense de carácter informático que INTERPOL ha prestado a Colombia, ofrecimiento que nunca se ha aprovechado.
En interés de la cooperación policial internacional, INTERPOL espera que Ecuador controle su reiterada tendencia a atacarla simplemente por haber dicho la verdad de manera imparcial. Si Ecuador no está de acuerdo con alguna información contenida en los archivos de usuario de los ordenadores decomisados a las FARC, debería denunciar y criticar a las FARC, no a INTERPOL.
INTERPOL espera asimismo que, en el futuro, los países o las personas que tengan la intención de hacer una declaración sobre el “Informe forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia” estudien el contenido real del mismo antes de efectuar comentarios erróneos o engañosos sobre la información que supuestamente contiene.