The Wall Street Journal
LYON (Francia) – Con ocasión del quinto aniversario del 11 de septiembre, quisiera aportar mi punto de vista sobre las medidas adoptadas por las fuerzas del orden para limitar la posibilidad de futuros atentados, destacando tanto nuestros aciertos, como los errores cometidos y qué retos se avecinan.
Antes del 11 de septiembre, menos de 30 países se habían comprometido a comunicar información sobre las identidades de presuntos terroristas. Desde esa fecha, los servicios policiales de más de 100 países han colaborado en la identificación de más de 10.000 sospechosos de este tipo, lo que supera en casi cinco veces el número de presuntos terroristas conocidos antes del 11 de septiembre. Estas personas figuran ahora en una base de datos de INTERPOL de mayores dimensiones, dedicada a presuntos delincuentes de toda índole, que constituye sólo una parte de un sistema mundial de comunicación policial protegida –inexistente antes del 11 de septiembre de 2001–.
Desde ese día, los organismos policiales han realizado más de un millón de búsquedas en dicha base de datos, obteniendo más de 130.000 resultados positivos. La vinculación de sospechosos a distintos tipos de delitos es uno de los métodos más eficaces para descubrir información que puede ayudar a la policía a desarticular complots terroristas. Los terroristas establecen contactos con otros delincuentes internacionales para obtener y transportar material y para conseguir financiación, pasaportes falsos, información y demás instrumentos necesarios para perpetrar sus atentados. El descubrimiento de estos contactos permite a las fuerzas policiales frustrar tales complots y detener a las personas relacionadas con ellos.
Desde el 11-S, a medida que ha ido aumentando el número de organismos policiales nacionales que han intercambiado información a escala internacional y se ha ido multiplicando la cantidad de datos intercambiados, mayor ha sido también el número de delincuentes internacionales identificados y detenidos, y de complots terroristas frustrados. Desde dicha fecha hasta la actualidad, se ha incrementado en más del doble la cantidad de personas buscadas cada año por conducto de INTERPOL para su detención, (hasta superar la cifra de 16.000 en 2005). Por su parte, el número de detenciones anuales de delincuentes buscados a escala internacional se ha multiplicado por más de tres (superando las 3.000 en 2005). En total, en los últimos cinco años se ha detenido a más de 14.000 delincuentes internacionales.
Estas cifras demuestran que los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo están trabajando más intensamente, intercambiando más información y obteniendo mayores éxitos que nunca en el ámbito de la lucha contra el terrorismo internacional. Basta con echar un vistazo a los complots terroristas recientemente desarticulados en Alemania, Dinamarca, Marruecos y el Reino Unido, para convencerse de ello. Esta cooperación a escala mundial es uno de los logros alcanzados tras el 11 de septiembre que todavía no han recibido el reconocimiento que se merecen.
También se han registrado algunos cambios que no aparecen en las estadísticas o en los reportajes de los medios de comunicación. Uno de estos cambios debería reconfortar considerablemente a los muchos familiares y allegados de quienes perecieron aquel fatídico día. Por primera vez en la historia, el jefe de policía de una ciudad (concretamente, Raymond Nelly, de Nueva York) ha enviado a uno de sus agentes a cada una de las unidades de gestión de crisis que INTERPOL ha desplegado a raíz de incidentes relacionados con el terrorismo. Normalmente, el apoyo a INTERPOL procede de las fuerzas policiales federales. Aunque la importancia de este cambio no se advierte de inmediato, la asignación de tales misiones internacionales a funcionarios de policía locales resulta beneficiosa para Nueva York, y para todos los países del mundo.
Por ejemplo, tras los atentados perpetrados en 2004 en Madrid, un agente del Departamento de Policía de Nueva York formó parte de la unidad de INTERPOL que fue invitada por la policía española para ayudar en la investigación. La policía española comunicó a INTERPOL (y, por lo tanto, a la policía de Nueva York) ciertos hechos sobre la localización de los explosivos que permitieron al citado departamento neoyorquino y a las autoridades de otros países modificar sus procedimientos de detección de bombas. La importancia de este tipo de despliegue de recursos policiales locales sólo se comprendió después del 11 de septiembre.
No obstante, si se analiza la situación con franqueza, hay que reconocer que ha habido fallos y que la seguridad a escala mundial sigue presentando peligrosas lagunas a las que se debe atender con urgencia. El fallo más importante es que Osama Bin Laden aún no ha sido detenido, aunque el análisis necesario para explicar cómo ha logrado evitar durante cinco años su captura superaría con creces las dimensiones de este artículo.
Por lo que respecta a las carencias de nuestras medidas de seguridad, la más patente es el peligro que supone la posible entrada en Estados Unidos, así como en otros países, de terroristas que usan pasaportes falsos robados. Ya va siendo hora de poner fin a este fenómeno, en el que se centró un reciente informe de la Government Accountability Office (GAO, Oficina de auditoría del Gobierno de Estados Unidos). Dicho informe –apoyado en las conclusiones de la Comisión del 11 de septiembre– es un catálogo de prácticas delictivas relacionadas con los viajes clandestinos y su planificación. Tal como se señala en el mismo, los pasaportes robados o perdidos son unos medios de viaje que gozan del favor de los terroristas, y las autoridades reconocen que es posible que un número no determinado de extranjeros que no reúnen las condiciones de admisibilidad hayan entrado en Estados Unidos utilizando tales pasaportes.
Por ejemplo: Ramzi Yousef, el cerebro del primer atentado dirigido contra el World Trade Center en 1993, entró en el territorio estadounidense usando un pasaporte iraquí robado. E incluso tras el endurecimiento de las medidas de seguridad a raíz del 11 de septiembre, hay casos probados de entrada de extranjeros en Estados Unidos y muchos otros países mediante el uso de pasaportes falsos robados, incluidos algunos procedentes de la ciudad que albergó a una célula de Al Qaeda que contribuyó a planear los atentados del 11 de septiembre. No resulta muy consolador para los numerosos pasajeros de los aviones que sufren periódicamente, y en ocasiones como una intrusión en su intimidad, el actual régimen de seguridad, enterarse de que, cinco años después del 11-S, todavía no se exige el cotejo sistemático de todos los pasaportes con la información contenida en una base de datos sobre pasaportes robados de ámbito mundial.
Antes del 11-S teníamos una excusa válida: no existía tal base de datos. Sin embargo, en los últimos cuatro años INTERPOL ha creado una base de datos mundial sobre documentos de viaje robados o perdidos que recoge información sobre una impresionante cantidad de tales documentos (12 millones en total), y ha puesto a punto la tecnología necesaria para que los funcionarios de las fuerzas del orden puedan acceder a ésta y otras bases de datos de INTERPOL desde aeropuertos, puestos fronterizos y otros puntos de control situados sobre el terreno.
Esta reciente iniciativa, lanzada en Suiza a finales del año pasado, está dando sus frutos. Cada mes, más de 20.000 funcionarios de policía suizos efectúan más de 300.000 consultas en la base de datos citada. Hasta la fecha, tales consultas han permitido detectar a un promedio de más de 100 personas portadoras de documentos que habían sido objeto de una declaración de robo o extravío. Hasta que otros países pongan en práctica este instrumento de protección fronteriza (tal como ha hecho Francia en el aeropuerto Charles de Gaulle), una enorme brecha seguirá abierta en el mecanismo de seguridad mundial.
No obstante, la comunidad mundial sigue sin conceder a este asunto una alta prioridad. Lo más probable es que hasta que se produzca un atentado de grandes dimensiones, como el que podría perpetrar un terrorista dotado de un pasaporte robado y armado con un arma biológica, los distintos países no traten este problema como están tratando ahora la cuestión del peligro vinculado al transporte de líquidos por parte de los pasajeros de los aviones.
Persisten otros peligros que son más difíciles de detectar, entender y abordar. Internet está alimentando actualmente el fenómeno emergente del terrorismo “de segunda generación”. Gracias a la utilización de Internet, Al Qaeda, su legado y el peligro que plantea siguen vivos (por lo que a la ideología, los fines y los métodos se refiere), aunque su infraestructura esté siendo desarticulada. Las organizaciones terroristas emplean miles de sitios web, salas de charla, tablones de anuncios electrónicos y direcciones de correo electrónico –aprovechando la falta de normas, el anonimato y el inmenso alcance que caracterizan a Internet– para recopilar información, impartir formación, recaudar fondos, difundir propaganda, captar nuevos miembros y planear atentados.
De este modo, los nuevos miembros, ya no tienen que viajar físicamente a Afganistán o Pakistán para ser adoctrinados y entrenados en materia terrorista. Pueden hacerlo virtualmente, a través de Internet. Pero, tal como ilustran los complots recientemente frustrados en distintos lugares del globo, su meta no es virtual, intangible o imaginaria, sino muy real: matar a personas inocentes.
Ojalá pudiera decir, especialmente a los familiares y allegados de quienes fallecieron el 11-S, que el mundo es más seguro ahora que antes. Pero no me siento precisamente en seguridad al pensar en los numerosos terroristas, conocidos o no, que están planeando matarnos, cualquier día y en cualquier país del mundo. Prueba de ello es que en tan sólo el presente año Bin Laden y su lugarteniente, Ayman al-Zawahiri, han realizado 17 declaraciones filmadas en vídeo, es decir, más de las que efectuaron a lo largo de los cuatro años anteriores.
En lugar de debatir sobre si la seguridad es mayor o no actualmente, creo que los representantes de los organismos encargados de la aplicación de la ley tenemos la obligación para con el mundo de ser sinceros con nosotros mismos y con los demás al analizar los ámbitos en los que nuestra acción es acertada y aquéllos en los que debiéramos modificar nuestra forma de actuar.