SINGAPUR – Los delitos contra la flora y la fauna silvestres plantean un problema a escala mundial, y pueden afectar a numerosos sectores y actividades.
Las consecuencias de estos delitos revisten asimismo un amplio alcance, ya que no solo repercuten en el medio ambiente, sino también en la economía, en distintos grupos de población y en las sociedades. Estos problemas multisectoriales requieren una solución también multisectorial.
La 30ª reunión del Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre Delitos contra la Flora y la Fauna Silvestres congregó a unos 160 participantes procedentes de la policía, organismos públicos, organizaciones internacionales, los sectores del transporte y de las finanzas, el ámbito académico y empresas de medios sociales para examinar los delitos más recientes que afectan al medio ambiente, las tendencias del tráfico de especies silvestres y los retos que se presentan para desbaratar las redes delictivas que perpetran estos delitos.
Los reunidos observaron que estos delitos pueden involucrar a empresas distintas de aquellas directamente relacionadas con el medio ambiente, como es el caso del transporte ilícito por tierra, mar y aire, o la venta ilegal en línea de artículos procedentes de especies silvestres. Por vez primera, se invitó a los representantes de esos sectores a presentar sus puntos de vista y a entablar relaciones con las fuerzas del orden.
Este acto, de una semana de duración (del 18 al 22 de noviembre), contó con representantes de 45 países de todas las regiones del mundo y brindó la oportunidad de intercambiar distintas perspectivas sobre estos delitos, y sobre diferentes métodos para alcanzar posibles soluciones.
Daoming Zhang, Subdirector de INTERPOL de Mercados Ilícitos, hizo hincapié en los retos que plantea la lucha contra los delitos que afectan a las especies silvestres, y afirmó: “Los animales y partes de ellos que se han transportado de contrabando en barco y en avión se venden en línea a través de la red oscura, y los beneficios ilícitos obtenidos pasan por las entidades financieras sin que nadie se dé cuenta de ello.”
“Está claro que la única manera de erradicar verdaderamente estos delitos y proteger la vida silvestre del planeta es aunando esfuerzos entre todas las partes interesadas para idear y aplicar soluciones multisectoriales”, concluyó.
Entre los temas que se trataron en la reunión figuran también los delitos forestales, los delitos financieros asociados al tráfico de especies silvestres, los retos que se plantean a la acción policial y las operaciones a escala transnacional, y la labor de formación sobre este fenómeno delictivo.
Entre algunos de los ejemplos expuestos cabe destacar la reciente operación mundial conjunta llevada a cabo entre INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas denominada Thunderball. Esta operación, que tuvo por objetivo los delitos contra la fauna y la flora silvestres y los delitos forestales, se saldó con el decomiso de productos de especies protegidas, como 545 kg de marfil, 1,3 toneladas de escamas de pangolín, unas 9 700 tortugas y galápagos vivos y 604 toneladas de madera. Además, se practicó la detención de cerca de 600 personas en todo el mundo.
"Para proseguir el impulso adquirido en los últimos años, tenemos que replantearnos cómo combatir los delitos contra las especies silvestres”, declaró Dylan Swain, el nuevo presidente del Grupo de Trabajo sobre Delitos contra la Flora y la Fauna Silvestres. “La posibilidad de que los organismos encargados de la aplicación de la ley trabajen con las ONG, los ciudadanos y el mundo académico nos permite intercambiar y desarrollar nuevos planteamientos para luchar contra el tráfico ilícito de especies silvestres”.
Algunos de los debates se abrieron a organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fomentar la intervención de todas las partes interesadas, y otros estuvieron reservados a los organismos encargados de la aplicación de la ley para proceder al intercambio de información policial y sobre casos concretos.
A lo largo de la reunión, el grupo de trabajo concedió una distinción a un organismo encargado de la aplicación de la ley y a un grupo de la sociedad civil en reconocimiento de su valiosa labor por la protección de la fauna y la flora silvestres.
Los participantes también eligieron un nuevo consejo ejecutivo que dirigirá las actividades del grupo de trabajo en los próximos años.
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