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11 septiembre 2014

El empleo de herramientas jurídicas para combatir el tráfico ilícito y la falsificación, tema central de un seminario de INTERPOL en Polonia

VARSOVIA (Polonia) – Determinar soluciones jurídicas novedosas para luchar contra el tráfico ilícito y los delitos contra la propiedad intelectual ha sido el objetivo de un curso especializado dirigido a los fiscales polacos y organizado en cooperación con la Oficina de Asuntos Jurídicos de INTERPOL.

La frontera oriental de Polonia es una de las más largas del borde exterior de la Unión Europea, por lo que para este país supone un reto considerable evitar la entrada de productos ilegales en la región. El curso, de tres días de duración (del 9 al 11 de septiembre) se preparó conjuntamente con la escuela nacional polaca de la judicatura y la fiscalía, con la finalidad de proporcionar a los asistentes ayuda jurídica adicional y soluciones duraderas.

“Al ofrecer a nuestros fiscales la posibilidad de acceder a conocimientos especializados y experiencias internacionales, ponemos a su disposición una baza más para investigar con eficacia los casos de tráfico ilícito y los delitos contra la propiedad intelectual, con sus implicaciones transnacionales. Ello les permite perfeccionar sus técnicas, y les anima a adoptar buenas prácticas vigentes en otras jurisdicciones y que resultan compatibles con el derecho y el procedimiento penal polacos”, declaró el juez Marek Manowiec, coordinador de la escuela nacional polaca de la judicatura y la fiscalía.

Este curso ofreció a los participantes enseñanzas prácticas sobre los diversos marcos jurídicos internacionales y los mecanismos de cooperación existentes a escala internacional y en la UE, así como una nueva perspectiva sobre los tipos de delitos que se pueden imputar en casos de tráfico ilícito e infracción de los derechos de propiedad intelectual.

“Polonia ya ha hecho notables esfuerzos en cuanto a la política de control de fronteras y las leyes de control de mercancías en tránsito, pero la labor no recae únicamente en los policías y aduaneros de primera línea”, afirmó Stefano Betti, jurista principal de INTERPOL.

“Debemos lograr que los delincuentes sean juzgados y reciban sanciones disuasorias, descubrir y desarticular los grupos de delincuencia organizada implicados, y, mediante el decomiso del producto del delito, eliminar el incentivo económico que suponen estas actividades para los delincuentes. En esto consiste la tarea del fiscal”, añadió Stefano Betti.

Juristas de Eurojust, Europol, la Red Judicial Europea, Transcrime y el Ministerio de Justicia de Italia, así como representantes del sector privado, presentaron ponencias en este curso, que congregó a alrededor de 35 fiscales de tribunales de apelación de las 16 regiones polacas.