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21 diciembre 2012 - Media release

Financiación de la Comisión Europea para impulsar la lucha de INTERPOL contra los delitos que afectan a las especies silvestres

LYON (Francia) – La Comisión Europea contribuirá con casi dos millones de euros a la labor que realiza INTERPOL para combatir la delincuencia contra la fauna y la flora silvestres y para proteger los recursos naturales del planeta frente al comercio internacional ilícito de especies amenazadas y madera procedente de la tala ilegal.

Los 1.730.000 euros aportados por la Comisión Europea se destinarán en los próximos tres años al proyecto COMBAT WILDLIFE CRIME de la organización mundial de policía, que se llevará a cabo en el marco del  Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC, por sus siglas en inglés) del que también forma parte la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).  

Fundado en noviembre de 2010, el ICCWC es el resultado de un esfuerzo de colaboración para proporcionar apoyo coordinado a las entidades nacionales y las redes regionales y subregionales dedicadas a combatir los delitos contra la flora y la fauna silvestres, a fin de contribuir a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y promover una mejor gobernanza en la gestión de los recursos naturales en los países en desarrollo.

Janez Potočnik, Comisario Europeo de Medio Ambiente, declaró: “Los delitos medioambientales tienen pocos testigos, pero sus efectos se perciben en todo el planeta, especialmente en los países en desarrollo, los más afectados. Resulta especialmente preocupante el aumento del tráfico de especies de flora y fauna silvestres. El comercio ilícito de marfil y de cuerno de rinoceronte ha alcanzado los niveles más altos de la década, y también afecta a otras especies amenazadas, como el tigre y algunas maderas tropicales. Es esta una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. La financiación recibida ayudará a aplicar la ley y a cooperar a escala internacional para combatir esta preocupante situación. Asimismo, servirá para generar confianza en las entidades con las que colaboramos y mostrar que nos tomamos en serio la lucha contra la pérdida de biodiversidad en el mundo."

El Secretario General de INTERPOL, Ronald Noble, encomió la decisión de la Comisión Europea de aportar financiación a este proyecto, por la que, afirmó, se reconoce la repercusión mundial de la delincuencia contra el medio ambiente y las especies silvestres, así como la función de la red mundial de INTERPOL en la lucha contra estos delitos.

Y añadió: “Este apoyo de la Comisión Europea contribuirá en gran medida a que INTERPOL y sus socios del ICCWC puedan combatir de manera más eficaz el robo de recursos naturales de algunos de los países más pobres del planeta, y perseguir a los delincuentes que se hacen millonarios con este comercio ilícito.”

“La cooperación es la única vía para obtener resultados. Nuestra organización seguirá trabajando para proporcionar una respuesta policial global a este problema, que afecta a todas las regiones del planeta”, concluyó el máximo dirigente de INTERPOL.

El proyecto COMBAT WILDLIFE CRIME tiene por objeto proporcionar capacitación a largo plazo, mejorar el intercambio de datos e información policial a escala internacional, y coordinar el trabajo de los organismos encargados de la aplicación de la ley a través del apoyo a las agencias estatales de gestión de los bosques y de las especies silvestres de los países tanto de origen como de tránsito y destino de este tráfico ilegal. A nivel general, también contribuirá a una mejor gobernanza y a la lucha contra la corrupción.

Entre las actividades fundamentales de este proyecto figuran el análisis de necesidades en materia de capacitación, apoyado por la prestación de asistencia técnica y financiera a los países en los que se reconozcan carencias; la elaboración y la puesta en práctica de programas de capacitación (materiales, cursos y talleres); y el despliegue de equipos de gestión de crisis para llevar a cabo acciones concretas en materia de aplicación de la ley en colaboración con los países en desarrollo.